El administrador de Biden presiona a la Corte Suprema para permitir que la policía ingrese a los hogares sin una orden judicial y confisque las armas de fuego: informe
La administración del presidente demócrata Joe Biden presionó a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que ratificara una confiscación de armas sin orden judicial esta semana cuando el tribunal superior de la nación escuchó los argumentos orales en Caniglia v. Strom.
El caso que comenzó después de que Edward Caniglia, de 68 años, tuvo una discusión con su esposa, Kim, en 2015 que finalmente terminó con la policía confiscando las armas de fuego de Caniglia. Después de pelear, Kim se fue y se quedó en un hotel y luego se comunicó con la policía, creyendo que su esposo podría lastimarse. Edward no tenía antecedentes penales ni antecedentes de autolesión.
Forbes informa :
Aún así, la policía estaba convencida de que Edward podía lastimarse e insistió en que se dirigiera a un hospital local para una evaluación psiquiátrica. Después de negarse e insistir en que su salud mental no era de su incumbencia, Edward aceptó solo después de que la policía (falsamente) le prometió que no se apoderarían de sus armas mientras él no estuviera.
Para agravar la deshonestidad, la policía le dijo a Kim que Edward había dado su consentimiento para la confiscación. Creyendo que las incautaciones fueron aprobadas por su esposo, Kim condujo a los oficiales hasta las dos pistolas que poseía la pareja, que fueron incautadas de inmediato. A pesar de que Edward fue dado de alta inmediatamente del hospital, la policía solo devolvió las armas de fuego después de que presentó una demanda de derechos civiles en su contra.
La policía nunca afirmó que sus acciones fueran en respuesta a una emergencia o para prevenir un peligro inminente, y en cambio argumentó que sus acciones eran una forma de "cuidado comunitario".
Forbes señaló que la administración de Biden instó a la Corte Suprema a ponerse del lado de la policía, diciendo que "la piedra de toque final de la Cuarta Enmienda es la 'razonabilidad'", y que las órdenes oficiales no deberían ser "presuntamente requeridas cuando la acción de un funcionario del gobierno se basa objetivamente en un interés público no investigador, como la salud o la seguridad ".
Incluso la jueza de izquierda Sonia Sotomayor pareció estar en desacuerdo con lo sucedido, y señaló que "no había peligro inmediato para la persona que amenazaba con suicidarse ni peligro inmediato para la esposa porque la persona suicida [sic] fue trasladada a un hospital".
Sotomayor dijo que no tenía ningún problema con que el hombre fuera obligado a someterse a una evaluación psiquiátrica y señaló que el problema era que la policía “entraba a la casa sin intentar obtener el consentimiento de la esposa y tomaba el arma y la guardaba indefinidamente hasta se entabla una demanda ".
“La esposa trató de recuperarlo. Trató de recuperarlo. Pasaron semanas y semanas ”, señaló Sotomayor. "Cuando permitimos que la policía busque y confisque sin un estándar, corremos el riesgo de que situaciones como ésta se repitan".
Forbes informó por separado :
This risk featured prominently in the amicus briefs filed by gun-rights advocates. “Expansion of the ‘community caretaking’ exception into the home will be used by police in jurisdictions with onerous or constitutionally-questionable firearm restrictions to turn every call to a house into a search for guns under the pretext of ‘helping’ those present,” warned a joint amicus brief filed by the Second Amendment Law Center, the California Rifle and Pistol Association, and Gun Owners of California. Simply put, “the Fourth Amendment has no ‘gun’ exception.”
Although Caniglia v. Strom centers around seizing guns from someone suspected of being suicidal, its reach will be much, much broader. Should the Supreme Court adopt the Biden Administration’s argument that “the Fourth Amendment permits a warrantless seizure or home entry that is reasonably necessary to protect health or safety,” such public health and safety concerns could “become a pretext for law enforcement,” argued Shay Dvoretzky, who argued for Caniglia before the High Court.
The report noted that Justice Neil Gorsuch slammed the idea that government officials could secure so-called “administrative” warrants as an alternative, asking, “If the government can just get an administrative warrant to come in to test for illness, to check the temperature of the house, whether it’s too hot, too cold … what’s left of the Fourth Amendment?”
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