España entregará a Colombia al médico que practicó más de 300 abortos a guerrilleras de las FARC

Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como el Mengele de la guerrilla colombiana FARC, en libertad provisional en España, será extraditado a Colombia para ser juzgado en el país latinoamericano por presuntos delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, aborto forzado en persona protegida, tortura y concierto para delinquir agravado.
El también conocido como el Médico ha sido investigado por realizar en torno a 300 abortos no consentidos a mujeres guerrilleras entre 1998 y 2004, según la documentación de la que dispone la Audiencia Nacional. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal accedió a la solicitud de extradición solicitada por las autoridades colombianas para el enjuiciamiento de Arboleda por los citados delitos que se le imputan. El Mengele es ciudadano colombiano, con nacionalidad española, y fue detenido en Madrid el 12 de diciembre de 2015.
El tribunal, presidido por la juez Concepción Espejel, en un auto fechado el pasado 27 de octubre, considera que "la adquisición de la nacionalidad española se ha producido después de la presunta perpetración de los delitos por los que se le reclama y no procedería hacer uso de la causa facultativa prevista en el convenio bilateral de extradición" para denegar la solicitud a Colombia.
Entre los argumentos esgrimidos por la Sala para acceder a la extradición, el tribunal recurre al proceso de paz que se está negociando entre las FARC y el Gobierno colombiano. Y es que, según considera, si se espera a que culmine esta negociación, "los hechos podrían ser susceptibles de ser amnistiados". Es por ello que "el proceso de paz en curso no puede ser acogido como fundamento para denegar en vía jurisdiccional la extradición", como solicitó la defensa de Arboleda Buitrago.
La Audiencia Nacional rechaza también la petición de prescripción de los hechos alegada por la defensa del Arboleda por considerar que al tratarse de "delitos de mayor gravedad", el plazo de prescripción que contempla la legislación española es de 20 años, "el cual no ha transcurrido". Los presuntos delitos se cometieron entre 1998 y 2004.
Arboleda Buitrago alegó también la condición de homosexual para solicitar la denegación de la extradición, advirtiendo de que Colombia vulneraría sus derechos fundamentales. Sin embargo, el tribunal español resaltó que no existe "respaldo probatorio" sobre presuntas violaciones de derechos fundamentales.

Sin medicamentos y en el suelo

La redacción que hace el tribunal en su auto en relación a cómo ocurrieron los hechos investigados -calificados por el Gobierno colombiano como "crímenes de guerra y lesa humanidad"- advierte de que Arboleda sometió a las mujeres "a abortos forzados, llevados a cabo sin ningún tipo de preparación formal, independientemente de la edad gestacional, llegando hasta el octavo mes de gestación".
Describe que los abortos se practicaron "en condiciones insalubres, en cuartos de hotel sobre camillas amarradas con plásticos de llantas que eran completadas con pedazos de madera, en el piso [suelo] sobre plásticos que cubrían hojas de helecho y pasto seco, donde a las mujeres se les practicaban los abortos una detrás de otra, sin ni siquiera limpiar la sangre de las que ya habían abortado".
Es más, relata que el investigado no usaba "medicamentos para prevenir infecciones, lo que en ocasiones llevó a tener que repetir el procedimiento ya con infecciones en curso, causando enormes dolores y olores fétidos, abortos incompletos, con expulsión de los productos en la selva sin medicación para el dolor, que dieron lugar a que llegaran a desmayarse por el dolor".
El tribunal resalta que llegaron a producirse partos de embarazos con el fallecimiento del recién nacido "poco después, al no recibir el tratamiento adecuado". En este caso, la Sala relata el nacimiento de un niño, en 2002, y su posterior muerte por falta de asistencia, así como otros dos niños vivos a los que dejaron "tirados en el plástico". Un testigo llegó a declarar que "no había nada que hacer [por ellos] porque las guerrilleras no podían criarlos y había que dejarlos que murieran". "Cuando dejaban de respirar el médico decía que los tiraran a un hueco en el que se echaban las necesidades del cuerpo", según declaró el citado testigo.
Las autoridades colombianas alegaron a la Audiencia Nacional en su solicitud de extradición que "los hechos se produjeron en el marco de un conflicto armado" y que, por tanto, "las víctimas, pertenecientes a diversos colectivos indígenas, debían conceptuarse como personas protegidas, que en el momento de la comisión [del aborto] ya no constituían fuerza armada". En este sentido, la documentación aportada por Colombia advierte de que existía "un plan generalizado de las diversas guerrillas de evitar la procreación de las mujeres captadas".http://www.elmundo.es/espana/2016/11/26/58388c07ca474110128b4618.html