Un hombre con paso cansado y espalda encorvada atraviesa el parking de la iglesia cargando con un pack plastificado de agua embotellada. Lo mete en el maletero. Vuelve para recoger las bolsas de verduras frescas cultivadas en huertos por los voluntarios de este templo ortodoxo. Retorna. Abre la caja que le entregan sellada: un rollo de papel higiénico, una pastilla de jabón, unos guantes, un kit de costura, tiritas, termómetros desechables… Y una pelota antiestrés. Es publicidad de Blue Cross, una alianza de aseguradoras médicas con más de 100 millones de clientes, que sabe bien que en Flint, una de las tres ciudades más pobres de Estados Unidos, el papel higiénico es un lujo, el jabón es un lujo… y el agua potable es un lujo.
Por eso, el hombre, blanco, desempleado, avejentado aunque apenas roce la cuarentena, padre de cinco hijos, recoge con la mano vacía una probeta que deberá devolver rellena con el líquido que sale del grifo de su casa el próximo martes. No se fía de lo que digan en el laboratorio en el que lo analizarán y no le importa que las elecciones presidenciales las haya ganado Biden. En esta ciudad casi nadie confía ya en ninguna autoridad desde que, en 2015, Obama llegase en el Air Force One para beber un vaso de agua del grifo ante los representantes de la comunidad, mientras a niñas y niños se les caía el pelo y ancianos morían de legionelosis a causa del agua contaminada del grifo que habían ingerido y que seguían ingiriendo.
Hay una pobreza que se mueve, mucho, como los peces que suben el río a contracorriente buscando un lugar donde ovar. Es la pobreza que no cae en la miseria gracias a la economía de subsistencia, al mercadeo diario, la pobreza que migra y que empieza de nuevo las veces que haga falta en busca de un horizonte de mejora. Hay otra pobreza, inmóvil, de cuencas vacías, que reserva las escasas energías encerrándose puertas adentro, buscando también en el aislamiento seguridad. No se mueve porque no tiene dónde ir. Es la que se encuentra en los países más míseros, conocidos por sus hambrunas, guerras y epidemias, y también en los márgenes de los más prósperos, como la que esta pandemia ha permitido observar con mayor nitidez en las calles vacías de la primera potencia mundial.
En Estados Unidos hay 55 millones de personas pobres, ocho millones más que en 2019 como consecuencia de la pérdida de 22 millones de empleos por la COVID-19. Uno de cada cuatro de sus habitantes latinos vive por debajo del umbral de la pobreza, al igual que de los afroamericanos, unos porcentajes que han crecido un 2% durante 2020. En el caso de la población blanca, se ha pasado de un 11,2% a un 12%, según datos de la ONU. Ya antes de esta crisis sociosanitaria, la Oficina del Censo del Gobierno federal estimaba que dos de cada cinco de sus habitantes no podían cubrir un gasto de 400 dólares sin endeudarse. En junio, en pleno hundimiento de la economía mundial, más de un tercio de sus inquilinos no pudieron pagar su alquiler a tiempo. El mismo organismo advierte de que, en enero de 2021, cuando Joe Biden toma posesión, 12 millones de personas acumulan una deuda de más de 5.000 euros con sus caseros.
La economía estadounidense, la segunda más desigual del mundo –solo por detrás de China, según el índice Gini– es un castillo de naipes sustentado en las espaldas de millones de personas sin hogar o sin empleo, que esta pandemia ha dejado al descubierto con el vaciado de las calles. En Nueva York, la ciudad a las que todas aspiran parecerse, de la que sus habitantes multibillonarios han huido para instalarese en sus segundas residencias, la estampa es tétrica: sin los millones de turistas que la llenaban diariamente, el metro se ha convertido en uno de los refugios de las personas sin hogar.
Allí pasan horas dormitando mientras se protegen del frío. Arriba, los soportales de los teatros de Broadway, cerrados desde hace meses, se han convertido en su residencia habitual. Ahora que el frío aprieta, empiezan a morir por hipotermia. Según el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York, cada año fallecen unas 15 personas por esta razón, aunque en su página web admite que se estima que son muchos más.
Pero lo peor está oculto en los gigantescos edificios de viviendas públicas de la Gran Manzana, convertidos en algunos barrios en favelas de degradación física y mental. La campaña demócrata en algunas zonas de barrios como Harlem, Bronx o Queens ha consistido, fundamentalmente, en gestionar ayudas para la alimentación, para pagar facturas de la luz y para suspender desahucios, además de prometer nuevas políticas de apoyo.
La tarde de Halloween, una líder comunitaria de Harlem inauguraba un buzón en la calle con libros para niños y niñas que, en su mayoría, no tienen ninguno en sus casas. “Los niños y niñas pueden imaginar qué pueden llegar a ser por lo que ven a su alrededor o por lo que leen. Donde nosotras trabajamos, a su alrededor solo ven pobreza, desempleo,violencia, drogas… Una niña de estos barrios no puede imaginar que puede ser otra cosa que ama de casa y madre porque no conoce otra cosa”, explica Jo Umans, directora de Behind the book, la entidad que ha regalado los libros.
Más pobreza con políticas antipobreza
La autovía que une Detroit con Flint es un viaje a lo Blade Runner por los grandes males que asolan Estados Unidos: letreros publicitarios a ambos lados de las vías ofrecen ayuda para la adicción a los opiáceos, alertan sobre la invisibilidad y omnipresencia de la pobreza, recuerdan la importancia de la escolarización…. Tras dejar atrás esqueletos de edificios que, hasta su deslocalización, formaron parte de la industria automovilística más potente del planeta, nos adentramos en calles vacías, barridas por un viento helado, y cuya apariencia desoladora es subrayada por las nubes grises que amenazan con lluvias. Como en tantas ciudades estadounidenses, aquí cada día de la semana, una iglesia de cada barrio se convierte en centro de ayuda. Hoy es martes y le toca a la iglesia ortodoxa de Astbury, uno de los barrios más pobres de una de las ciudades más pobres de Estados Unidos: Flint.
Esta población del estado de Michigan se hizo conocida mundialmente después de que el director Michael Moore la utilizase como ejemplo en su documental Farenheit 11/9 (2008) para explicar la desafección política del pueblo estadounidense, especialmente con el partido demócrata. En 2011, el gobernador republicano Rick Snyder declaró sorpresivamente la ciudad en crisis financiera, suspendiendo así la capacidad de decisión de las autoridades locales, e imponiendo a sus representantes. Unos meses más tarde, Snyder anunció la aprobación de un proyecto multimillonario para la construcción de una nueva canalización del agua de la laguna que surte a Flint, una obra tan innecesaria como lucrativa por sus sobrecostes. En el proceso, las tuberías se contaminaron con plomo y su población, negra en un 54,3%, comenzó a enfermar.
Cuando trabajadores sanitarios dieron la voz de alarma por los niños, niñas y adultos que llegaban a su consulta con problemas de caída de pelo, erupciones en la piel, ataques de ira y cambios injustificados en su comportamiento, las autoridades desoyeron su alerta. Snyder solo interrumpió el suministro de las aguas envenenadas cuando General Motors, uno de los grandes financiadores de su campaña electoral, se lo exigió por los daños que estaba ocasionando a las piezas de su cadena de montaje.
El documental, dedicado a explicar las artimañas del Partido Demócrata para impedir la victoria de la candidatura de Bernie Sanders sobre la de Hillary Clinton y, posteriormente, la llegada a la presidencia de Donald Trump, recoge uno de los momentos que más vivos permanecen en la memoria de las personas entrevistadas para este reportaje en Flint. Tal era la crisis sociosanitaria que se vivía en 2015, que el entonces presidente Obama viajó a la ciudad.
Representantes de los colectivos más afectados esperaban con ansia y esperanza que declarase el estado de emergencia para que equipos de ingenieros del Gobierno Federal pudiesen intervenir y restablecer el agua potable para la ciudad. Por el contrario, el líder afroamericano pidió histriónicamente un vaso de agua del grifo en los dos actos públicos que protagonizó aquel día y los bebió con el fin de dar por cerrada la crisis política ante sus votantes.
Exactamente lo mismo que había hecho meses antes el alcalde de la ciudad, mientras sus habitantes conseguían que un profesor universitario tomase pruebas con su alumnado y revelase la dimensión de la tragedia: el agua tenía hasta siete veces más cantidad de plomo del permitido legalmente. Moore recoge en su documental los rostros de incredulidad entre el público de Obama, que rápidamente dieron paso a la rabia por una nueva decepción: podía ser el primer presidente negro, pero estaba claro que tampoco iba a defender los derechos de los que se consideraban víctimas de un genocidio: si políticos, empresas y buena parte de la opinión pública habían tolerado que se envenenase, a sabiendas, a los habitantes de Flint durante más de un año era porque en su mayoría eran negros. Y la minoría, latinos y blancos pobres: el 40%, muy pobres, según las estadísticas municipales.
“Sí, fue un genocidio. Hasta aquel día yo confiaba en Obama. Ya no. Fue muy duro ver cómo enfermaban nuestros niños y ancianos sin que nadie hiciese nada”, sentencia Miss Kay, uno de los voluntarios de la iglesia de Astbury que desde 2016 reparten lo básico a sus vecinos. Le acompaña en su tarea John, un hombre de 50 años, que tiene problemas respiratorios desde 2016 y que sostiene que, la semana anterior, una bala entró por la ventana de su casa procedente de un tiroteo cruzado entre coches en la calle. No hirió a nadie pero su nieto estaba en el jardín.
“Es una locura: no tenemos trabajo, ni seguridad, ni podemos beber agua del grifo”, resume aún con incredulidad. Según el FBI, Flint fue la ciudad más peligrosa de Estados Unidos entre 2010 y 2012, cuando alcanzó los 22 crímenes violentos por cada 1.000 habitantes, y sigue estando entre los 10 primeros puestos.Hasta los años 70, cuando GM cerró buena parte de sus plantas de producción automovilística, Flint era un ciudad receptora de migración, de ahí el 3,6% de población de origen latino que recoge su padrón. Con las deslocalizaciones comenzó un nuevo éxodo por el que todo el que puede abandona la ciudad.
Ese es el caso de la mayoría de los familiares de Jasmine Cofield, una física de 26 años que volvió a su ciudad hace un año para investigar los efectos en la salud infantil del agua contaminada. Pero el caso de sus seres queridos no es habitual. Si estos han podido marcharse a ciudades como Atlanta, Washington DC, Las Vegas… es porque tienen estudios universitarios y, consecuentemente, mejores posibilidades laborales.
Pero la mayoría de los habitantes de Flint no tienen capacidad de ahorro, ni estudios superiores, ni, sobre todo, la idea en su imaginario de la posibilidad de migrar. Porque, ¿adónde vas cuando vives en el país al que supuestamente todo el mundo aspira a parecerse? La excepcionalidad estadounidense es una teoría fundamental para entender esta nación de un nacionalismo fundamentalista.
Que Thomas Jefferson la definiese como “mejor esperanza del mundo”, que Harris S. Truman sostuviera que su deber era “ayudar a los pueblos libres a encontrar su propio destino a su manera”, que Ronald Reagan repitiera que era “más libre que cualquier otro pueblo”, o que Joe Biden termine discursos recitando salmos bíblicos y relacionándolos con el destino de su nación son solo algunos ejemplos de una cosmovisión que desemboca en un fenómeno paradójico: ninguna de las personas pobres entrevistadas para este reportaje se había planteado migrar a otro país a lo largo de su vida. Y la pregunta misma les provoca desconcierto.
Los migrantes son los otros, los que quieren venir a su país. “¿A dónde voy a ir: a México, a África, a España?”, pregunta retóricamente Shane, un vecino de Flint de 40 años que mata las horas sentado en la escalera de su precaria vivienda: apenas unos 20 metros cuadrados de estancia de tablas de madera en los que cocina, ve la tele y duerme. No tiene trabajo ni espera tenerlo. Dice no saber nada de su mujer y del hijo que tuvieron juntos desde hace ocho años. El crío tendrá ahora unos 12.
Consecuencias del desprestigio político
A unas cuadras de su casa, se encuentra Vinicius, un hombre negro de 66 años que habla buena parte del tiempo con los ojos semicerrados. Sostiene en una mano el móvil con la llamada en altavoz desde hace 40 minutos. Espera que le contesten sobre por qué han bloqueado su tarjeta de crédito –“sin ella no puedo comprar comida porque ahí están mis bonos de alimentos”, explica–. En la otra sostiene el vigilabebés a través del cual escucha los gorjeos de la hija de su vecino, que cuida mientras este trabaja en la iglesia. Sostiene que la madre se marchó hace poco. “Este barrio es horrible. Yo no voy a ningún sitio ni hablo con nadie”, explica Vinicius, mientras en el televisor Biden explica el plan para frenar la pandemia que pondrá en marcha en sus primeros días en la Casa Blanca.
Hace cinco años, Vinicius abrió el grifo y vio cómo salía un líquido espeso marrón. Desde que se confirmó que era tóxica, no la bebe, pero tiene que seguir cocinando y bañándose con ella. “No creo que Trump sea tan malo como dicen”, opina. “Quizás hable demasiado, pero porque es un hombre de negocios, no un político”, añade.
El desprestigio de la clase política hace que muchos de los entrevistados ensalcen el perfil empresarial de Trump. A la pregunta de si no lo considera racista, responde: “Posiblemente, pero ahora todo el mundo habla de negros, blancos, marrones. Echo de menos los años 60 y 70, cuando estábamos todos más unidos”. Vinicius dice que no ha votado. Alrededor, sencillas casas de tablas de madera se alternan con algunas quemadas, otras abandonadas, la mayoría decrépitas. Las calles, desérticas. La basura se acumula alrededor de los bidones. Solo las iglesias parecen cuidadas. Y hay muchas, por todas partes: más de 200 en toda Flint, que durante el auge de la industria automovilística llegó a albergar un cuarto de millón de personas y que, ahora, escasamente supera las 100.000.
En una de esas viviendas de dos plantas, con algunos juguetes abandonados en los metros de césped que la rodean, vive Cornet Johnson, de 33 años, con sus cuatro hijos, su marido y tres perros. Su hermana mayor, Dana, y su sobrino acaban de traerle en coche un par de vasos de litro de refresco de un restaurante de comida rápida. Viven en la casa vecina. Dana es obesa y no puede moverse apenas. Tiene los brazos carcomidos por una psoriasis que le brotó, según explica, a raíz de la crisis del agua. Ninguno tiene un empleo, todos tienen reconocida alguna discapacidad. Reciben por ello un cheque social que en el caso de Flint no supera los 400 dólares mensuales, y que varía sustancialmente entre Estados: entre los 150 por familia en Mississippi a los 653 en Alaska.
“Mi hijo menor nació con defectos de nacimiento: es autista. El que ahora tiene dos años tiene retraso de desarrollo; el de cinco, tuvo manchas por todo el cuerpo durante mucho tiempo…”, explica ante la puerta de su casa, que cierra a su espalda. Las contraventanas permanecen cerradas. A estas horas deberían estar en el colegio, pero la madre dice que están durmiendo la siesta con el padre. Son los blancos pobres, conocidos como White Trash, a los que la historiadora Nancy Isenberg dedica su obra más popular, conocida con el mismo nombre y publicada en España por Capitán Swing.
Un colectivo que tuvo un gran peso en la victoria de Trump de 2016, sacándole unos 40 puntos de diferencia a los demócratas, y que ha perdido un importante apoyo en esta segunda vuelta. Cornet también dice que no ha votado. Tampoco hay rabia en su discurso, ni señala a responsables de su situación: es una pobreza heredada por generaciones y que en el país paradigma de las oportunidades neoliberales produce un autoodio: si no lo he conseguido, será porque no lo valgo.
Esta percepción se rompió, como recuerda Isenberg, con la Gran Depresión de 1929, cuando más de una cuarta parte de la población se quedó sin empleo, por lo que “el viejo subterfugio de culpar al individuo perdió toda capacidad de persuasión”. La pregunta es si la Nueva Gran Depresión que se ha anunciado a nivel global como consecuencia de la pandemia provocará el mismo efecto.
Melissa Meys vive cerca del centro de Flint, en una calle flanqueada en sus extremos por un hospital y una gasolinera. Ni aquí, ni en las manzanas de alrededor hay un supermercado. Solo licorerías y uno de esos comercios en los que aceptan bonos para comida y que solo venden refrescos, patatas fritas, galletas y, en el mejor de los casos, porciones de pizza a dólar. Para hacer la compra, la mayoría de los habitantes de las ciudades de Michigan tienen que conducir hasta las afueras, agarrar un enorme carro y llenarlo con paquetes familiares a precios bajos en comparación con el de las frutas y las verduras. Una parte sustancial de las personas pobres no tienen coche, no se pueden permitir trasladarse para hacer la compra o no tienen ese hábito, por lo que gastan sus bonos en las tiendas y restaurantes de comida basura.
De Clinton a Trump
EEUU invertía hasta antes de la pandemia 278.000 millones de dólares al año en programas gubernamentales contra la pobreza, un presupuesto que supera al PIB de numerosos países. Sin embargo, el modelo ha cambiado poco en las últimas décadas. De hecho, el plan vigente, aprobado por Bill Clinton en los 90, fue diseñado por su predecesor republicano. Es básicamente asistencial: sus dos grandes pilares son bonos para comprar comida y evitar así que haya hambrunas ; y cheques sociales que no permiten salir de la pobreza, pero favorecen su perpetuidad, puesto que aquellas personas que consiguen un trabajo no pueden superar los 1.200 dólares de ingresos para conservarlas, absolutamente insuficiente para sufragar los gastos mínimos en Estados Unidos.
Aun así, antes de la pandemia, Trump anunció la reducción de las ayudas sociales a un tercio de sus actuales beneficiarios, lo que, de haberse llevado a la práctica, habría excluido también a unos 500.000 niños y niñas de las becas alimenticias que reciben en las escuelas públicas. Para muchos de ellos, es la única comida que hacen al día. La nueva Administración ha prometido aumentarlas en la próxima legislatura. Pero en medio de la transición del Gobierno, desde finales de diciembre, han quedado suspendidas las ayudas de 600 dólares al mes para las personas que se habían quedado desempleadas y otras menores para aquellas que hubiesen agotado todas las ayudas.
Melissa Meys, trabajadora social de 42 años, se ha convertido en la pesadilla de los responsables del envenenamiento del agua pública de Flint. Desde que empezara a organizar la respuesta ciudadana en 2014, no ha permitido que las consecuencias de aquella operación que está siendo investigada por corrupción caiga en el olvido. Tras una larga batalla judicial y mediática, ha conseguido alcanzar un acuerdo con el Estado de Michigan: tendrá que pagar 600 millones de dólares a las más de 10.000 personas que se vieron afectadas por el envenenamiento del agua. “Lo que han hecho con nosotros por ser pobres no es una excepción. Hay muchas otras ciudades con el mismo problema con el agua, porque el problema es que Estados Unidos no invierte en sus infraestructuras para el servicio público”.
La Agencia de Protección Medioambiental de este país estima que un 20% de los manantiales de los que procede el agua para el consumo contiene índices de sustancias perjudiciales para la salud por encima de los límites permitidos. “Y encima, la factura del agua de Flint es la más cara del país: pagamos de media unos 200 dólares al mes. Y si no pagas, te pasan el cargo a los impuestos de la vivienda. Si no los abonas, te desahucian”, recuerda Melissa.
Ahora ha emprendido otra batalla: asegurarse de que los 600 millones de dólares del Estado de Michigan se destinen íntegramente a pagar bonos de alimentos y gastos de hipotecas y de alquiler. Su temor es que la clase política vuelva a robarles. Y aunque le alivia pensar que Trump no seguirá siendo el presidente, no alberga ninguna esperanza por la Administración Biden. Especialmente después de que el exgobernador Snyder declarase en la campaña la retirada de su apoyo al candidato republicano para dárselo a los demócratas.
La operación resultaba tan inverosímil que algunos llegaron a pensar que era una argucia para desmovilizar a los votantes demócratas. Llovía sobre mojado cuando descubrieron que no estaba entre los planes del ahora presidente electo rechazar y desmarcarse de quienes les había envenenado.
“Esto es América”, dicen algunos para resumir las causas de la apatía con la que viven esta transición. La misma frase hecha que repiten, una y otra vez, los supremacistas en las manifestaciones para rechazarla. Precisamente, algunos de los que más se han beneficiado de las ayudas federales para la COVID-19: una investigación de la Small Business Administration ha revelado que 14 organizaciones catalogadas como grupos de odio han recibido más de cuatro millones de dólares del Programa de Protección destinado a apoyar a los más vulnerables frente a la pandemia.
Todas ellas actúan como reconocidas lobbies para imponer políticas antiinmigración, contra los derechos del colectivo LGTBIQ+, contra los derechos sexuales y reproductivos y por promover la agenda supremacista blanca, basándose en un nacionalismo tan atroz que ni los más miserables contemplan la posibilidad de migrar.
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