os embates de la Emergencia Humanitaria Compleja que se acentuó en el país mientras las riendas del Estado están en manos de Nicolás Maduro, cada vez se perciben con más fuerza. La pobreza se instaló en hogares donde expulsarla luce como utopía.
Lo refleja la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), desarrollada por la Universidad Católica Andrés Bello, convertida en faro estadístico de Venezuela ante la ausencia de cifras oficiales sobre la realidad socioeconómica de la nación.
Los resultados de la edición 2019-2020 son dramáticos: 96,3% de los hogares viven en pobreza de ingresos y la tendencia de deterioro de la alimentación continúa, con solo 3% de ellos escapando de la inseguridad alimentaria. Una crisis que borra nociones de clases sociales y avanza aceleradamente, con pobreza multidimensional creciendo de 51% en 2018 a 64,8% en 2019.
No son números fríos, sino la realidad recogida en las visitas a más 10.000 hogares venezolanos donde se tomaron más de 30.000 testimonios recopilados por centenares de encuestadores distribuidos a lo largo y ancho de la nación. Investigadores que observaron las postales de un país donde 79,3% de la gente no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos, al menos uno de cada cuatro hogares presenta la Inseguridad Alimentaria severa y unos 639.000 niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica.
Datos que generan alarma, pero que asumen otra dimensión cuando pasan a convertirse en un testimonio, como los que relatan quienes durante meses miraron de cerca el rostro de la pobreza, y escucharon a madres decirles, con voz quebrada o en llanto, que no tenían qué darle de comer a sus hijos. Voces como las contenidas también en este reportaje, las de involuntarios protagonistas del desastre nacional.
Con cada puerta que se abrió en el trabajo de campo que devino en la Encovi 2019-2020, incluyendo en lugares recónditos y rurales, se obtenía una nueva historia. Con suerte, la siguiente entrevista sería menos triste que la anterior.
En Carabobo abundan hogares abarrotados de niños que no van a la escuela (Cortesía Marian Serrano)
Cara a cara
"La pobreza te mira a los ojos", dice Nelson Martínez, profesor de química de 45 años de edad, refiriéndose a su primer encuentro con la precariedad. Antes de ser encuestador para la Encovi 2019-2020 solo la había visto en fotografías de países declarados en crisis humanitaria. Ignoraba que la hallaría tantas veces repetida frente a sí mismo, y en la tierra que lo vio nacer, Yaracuy.
En muchas comunidades a las que llegó como encuestador vio elementos unificadores, transversales, comenzando por las decenas de niños que corrían sobre la tierra, pues no había asfalto, y en ropa interior. Allí solo bastaba que una persona adulta viera llegar a quienes se acercaban cargados de preguntas para que se regara la voz y fuesen invitados con insistencia a ingresar a hogares: la gente pensaba que la visita les aseguraría una bolsa de comida o un beneficio económico.
Así pasó en Los Cañizos, municipio Veroes del estado Yaracuy. "No parecía que ese lugar quedara en Venezuela. Allí vimos niños barrigones, cabezones, casas prácticamente abandonadas o infraestructuras donde no cabía más gente", cuenta. Allí entrevistó a una mujer de 56 años de edad que vivía junto a tres hijos y 12 nietos en una antigua casa otorgada por gobiernos de la llamada "IV República". Otros dos hijos emigraron y a duras penas enviaban dinero, según escuchó. La mujer le dijo que los menores de edad asisten a la escuela solo cuando es seguro que les darán comida. De lo contrario, "no tiene sentido".
En los hogares que se visitaban se debía medir y pesar, con previa autorización de los padres, a los niños menores de cinco años. En los datos se reflejaba el impacto del hambre. "¿Cuánta carne compró?, ¿cada cuánto tiempo consume proteínas?, ¿qué tipo de comidas consume a la semana?, ¿considera que come bien?", eran algunas de las interrogantes que hacía Martínez en el apartado de seguridad alimentaria de la entrevista. Hubo gente, a finales de 2019, que le admitió haber estado por más de 90 días sin comer carne. En febrero otras dijeron que no habían probado el primer pedazo de proteína en lo que iba de año 2020.
Encuestadores en Carabobo encontraron lugares que les recordaban a imágenes de África o Haití (Cortesía Marian Serrano)
Nelsón Martínez relata que el choque con la realidad fue progresivo. Mientras se encontraban con historias cada vez más fuertes crecían las ganas de querer ayudar y, con ellas, la impotencia por no poder hacer mucho. El profesor universitario agrega que hubo lugares donde parecía que la gente moría de mengua. Cuenta que visitó la casa de un hombre de unos 70 años que padecía de un cáncer ya avanzado. Vivía solo. Lo primero que le preguntó fue que si tras su visita se podría hacer la quimioterapia. La interrogante lo dejó atónito.
También pudo ser testigo de las condiciones en que se vive en zonas de Yaracuy. Había hogares donde se comía y dormía en el piso porque no había ni mesa ni cama. En otros, en lugar de baños había pozos sépticos, o alguna letrina. Más allá se mantienen los pisos de tierra, las paredes de bahareque, la falta de gas, las cocinas a leña, la luz intermitente y el agua de servicio deficiente.
Eran esas las "catacumbas del pueblo", las que se plantearon visitar desde agosto de 2019 cuando el equipo regional comenzó a recopilar los datos necesarios para determinar el rango de acción y levantar una suerte de censo en hogares que posteriormente visitarían para hacer las entrevistas completas. Una primera etapa que cumpliría el requisito de conocer la zona y ubicar con nombre y apellido a los jefes de hogar, además de determinar la cantidad de habitantes de cada uno.
Fue su primera vez como encuestador de la Encovi, y Nelson pagó la "novatada". Tuvo que aprender cómo manejarse con el poder que han adquirido los consejos comunales, convertidos también en censores y vigilantes de sus propios vecinos. En Chivacoa, por ejemplo, los líderes comunitarios intentaron expulsar a los enviados de la UCAB, y cuando los vecinos los protegieron desde el consejo comunal hubo amenazas de llamar a la policía o convocar a la alcaldesa Carmen Suárez, del oficialista partido PSUV.
Casas prácticamente abandonadas o infraestructuras donde no cabía más gente eran parte del panorama en Yaracuy (Cortesía Nelson Martínez)
A punta de pistola
En el estado Sucre, los encuestadores de la Encovi no solo debían rendir cuentas a los integrantes de consejos comunales. Grupos delictivos también pedían explicaciones. Exigían que se les aclarara si trabajaban para las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y que les dijeran si eran afectos al régimen de Nicolás Maduro o a la oposición venezolana.
La inseguridad está desbordada en esa entidad, dice Carlos Urrieta, abogado de 38 años. Este año, trabajando para Encovi, atestiguó cómo la delincuencia volvió minúscula la figura de los cuerpos policiales, al menos en territorios al oriente de Venezuela. Se encontró con comandos policiales desabastecidos en los que funcionarios les sugerían no ir a ciertas zonas porque iban a estar desprotegidos, sitios donde la policía no entra y, de hecho, admite que bandas delictivas tienen el control y mejores arsenales.
En Yaracuy hubo personas que admitían haber estado más de 90 días sin comer carne (Cortesía Nelson Martínez)
En Yaguaraparo, Güiria e Irapa el trabajo inicialmente planteado no pudo completarse debido a la inseguridad. En San Juan de Unare, dos sujetos armados amenazaron a uno de los encuestadores apenas entró al hogar previsto para la entrevista y le ordenaron abandonar el pueblo. En Carúpano, al terminar una visita, un grupo de hombres amedrentó a Urrieta, entre ellos el padre del niño de cinco años de edad al que habían pesado y tomado las medidas.
Pero ninguna imagen se tatúa tanto en la mirada como la de la pobreza. "Aunque no soy especialista, puedo decir que nos encontramos con desnutrición, hubo niños con resequedad en la piel, labios agrietados y la piel pegada a los huesos", rememora Carlos Urrieta.
Mientras Carlos Urrieta y Nelsón Martínez tocaban puertas en Sucre y Yaracuy, Nejhellyt Gil se adentraba en los suburbios de Caracas, donde la noción de una capital, de una metrópolis, se desvanecía.
La mujer de 39 años, docente de educación inicial, tiene 11 años trabajando como encuestadora. Esta vez visitó unos 300 hogares en zonas como 23 de Enero, La Vega, El Paraíso, Los Frailes de Catia, Los Flores de Catia, El Valle, San Martín y El Junquito. Allí constató que los reclamos más comunes fueron por la ineficiencia de los servicios públicos, principalmente agua y gas, y donde las condiciones de vida parecían ajenas. Evidenció hogares donde se cocina con fogones a leña.
En Sucre los consejos comunales y hasta grupos delictivos pedían explicaciones sobre las visitas de encuestadores (Cortesía Carlos Urrieta)
La pobreza vive a sus anchas en Caracas. Gil lo ilustra de la siguiente manera: hay zonas que parecen ser rurales pero están dentro de una urbe.
"Fuimos a lugares donde a duras penas se podía llegar a pie, donde había casas con muros caídos, hechas de zinc y tablas. Llegamos a comunidades de puro monte y estructuras levantadas sobre la tierra sin acceso a agua porque en muchos casos las tuberías tenían años dañadas", relata.
Entretanto, Marian Serrano recorría Puerto Cabello, Guacara, Valencia, Naguanagua, Libertad, Mariara y Morón, del estado Carabobo. Allí encontró lugares que le recordaban a imágenes de África o Haití. "Encontré a abuelitos con dos días sin comer, a niños que parecían estar en desnutrición aguda. ¿A qué padre no se le arruga el corazón cuando un niño de la calle le pide las sobras de lo que comía?".
También vio hogares de ocho personas que viven en espacios de entre ocho y diez metros cuadrados, sin colchones donde dormir ni dinero para costear una dieta decente, con servicio eléctrico deficiente, y meses sin gas ni agua corriente. Hogares abarrotados donde los niños no asisten a la escuela y personas con enfermedades crónicas pasan ronchas para encontrar medicinas que, quizá, no logren pagar.
"En urbanizaciones de clase media en las que años atrás se veían casas pintadas y carritos de año estaban desmejoradas, también por la crisis. Los habitantes eran adultos y adultos mayores que en su momento la profesión que tenían les dio buena vida, que hoy quedó para el recuerdo", agrega.
En Táchira muchos sitios eran invasiones o urbanismos no consolidados donde la gente se organizaba para sobrevivir (Cortesía Ana Rondón)
"Vi la crisis empeorar"
Onelsys Suarez, de 55 años de edad, es docente y trabaja en la Encovi desde su inauguración en 2014. Ha visto cómo la pobreza se multiplica y, peor, se profundiza. A partir de 2016 lo notó con más certeza, al volver a entrevistar a quien ya había contactado para ediciones anteriores. "Conocí gente que cada vez que la visité era más pobre. La gente se quedaba anclada o era que el país no les daba oportunidades", matiza.
Esta última vez, fue peor. Conoció familias que apenas podían comer cambur en su menú diario, o alguna legumbre cosechada en conucos. De proteína, nada.
Lo mismo veían sus colegas en otras partes del país. Escenas repetidas, como calcadas, aunque en aquel momento ellos no lo supieran.
Ana Rondón, criminólogo e investigadora del Observatorio Social del estado Táchira, registró un patrón que evidenciaba la pobreza: las zonas más vulnerables no cuentan con servicios básicos, abundan las casas improvisadas levantadas con madera, lata, plástico o zinc, y las cloacas no existen.
Su rango de acción fue Táchira, Apure y Barinas, donde 95% de las zonas a las que fue eran vulnerables. La mayoría eran invasiones o urbanismos no consolidados, donde los habitantes se organizan para cubrir sus necesidades principalmente por sus propios medios, aunque dependen de las cajas CLAP para comer; alimentos que cocinan a leña.
En Barinas los afectos ideológicos o políticos prevenían a algunas personas de contestar las preguntas (Cortesía Ana Rondón)
"Ví personas que se adaptaron a estar desempleados y depender de la caja CLAP. A estar sucios y que los niños están desnutridos. Son personas que no las ves preocupadas, son como muy conformes y siempre esperan que algo les llegue. Yo lo que pude ver es que ya es un estilo de vida. Básicamente son familias que vivían en las mismas condiciones antes", añade. También detectó ausencia de esperanzas de cambio.
La criminólogo resalta que recibieron mejor trato en las zonas más vulnerables. Quienes vivían en las invasiones se esforzaban por atender a los encuestadores, quizá sí esperando alguna ayuda a cambio pero incluso luego de escuchar que ese no era el objetivo. En cambio, en urbanizaciones o segmentos de otros estratos sociales, las personas se negaban incluso a dar los datos. Esto también fue reportado por los encuestadores de otros estados. Es una sociedad que sospecha, que desconfía.
Y si de política se trata, los contrastes saltaban. "En Barinas hubo situaciones particulares, porque en las comunidades de ese estado suelen ser afectas al gobierno de forma radical, intuyen que tienen precariedad y saben que los resultados de la encuesta no favorecen al gobierno entonces no quieren participar. Los líderes comunales son reacios a que se otorguen estos datos". Pero hay realidades que son imposibles de ocultar.
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