Daniela, una sargento de 26 años de edad
–que por seguridad prefirió resguardar su nombre real– reconoce que
ingresó a la FANB por necesidad, para tratar de aliviar la pobreza que
doblega el presupuesto en su hogar y que hoy, en medio de la crisis
económica más cruda, priva también a su madre del tratamiento
antihipertensivo. “No consigo los medicamentos para mi mamá y tenemos
que hacer de todo para medio comer en casa”. Ella, al igual que el resto
de la tropa que la acompaña, tiene previsto irse del país. Su plan aún
no está definido y baraja Colombia y Francia entre las naciones destino.
Con Daniela, que tramita la solvencia
en Seguros Horizonte, en Los Próceres, están otros 5 jóvenes. Son en
total 12 sargentos de tercera provenientes de Tinaquillo, estado
Cojedes, pero están diseminados: cada quien en lo suyo. El grupo, que se
dice cansado de comer sardina con arroz, se vislumbra todo en la calle,
sin presiones políticas ni órdenes de superiores que intentan doblegar
la voluntad de quienes sirven. El reclamo es unísono, enérgico. A la voz
de rechazo se suma también el disgusto por el machismo y la
discriminación política que permea la FANB.
Los funcionarios, de entre 24 y 27
años de edad, son el pulso de la diáspora. Buscan entender la ciudad con
urgencia, no conocen Caracas y llegaron el 1° de marzo en la mañana
para tramitar las solicitudes de baja. Esperaban retornar ese mismo día a
sus casas pero tenían un alud de documentos a medio hacer y la mañana
cobraba ventaja.
Daniela aspira a vivir en el primer
mundo, pero sabe que requiere de mucho dinero para hacerlo: necesita
trabajar antes de marcharse del país y tiene el tiempo en contra para
reunir el monto del pasaje: por lo menos 1.200 euros, calcula. Tal vez
se dedique a la economía informal, el salvavidas sobre el que descansan
algunos funcionarios para sortear la crisis en los cuarteles. La
sargento se apoya en sus familiares residenciados en el extranjero para
tratar de zafarse de lo que considera el peor momento del país. “Me
cansé de comer solo pasta, en el mejor de los casos. Creo que merecemos
un trato digno”, expresa.
Fuentes militares aseguraron que
hasta la última semana de febrero la Unidad de Tinaquillo, en Cojedes,
registraba 80 bajas de sargentos de primera, con 3 años de formación,
informaron sus miembros. La coyuntura desarticula los cuarteles y deja
las tropas profesionales desmanteladas.
“La vida del militar es muy
miserable, tienes que hacer silencio así no estés de acuerdo con las
órdenes de tu superior. Todo el mundo calla para no pelear, no entrar en
diatribas. Si te quejas por la crisis, te tildan de apátrida, de
opositor, y eso podría traerte consecuencias a ti y a tu familia”, dice
Daniela.
Fabiola, una sargento que también
aguarda con los otros seis militares frente al Ipsfa, desmenuza su
vivencia en la Guardia Nacional Bolivariana. “Me cansé de ser humillada,
de comer arroz solo. Cada mes debemos pagar 20.000 bolívares en
efectivo en nuestra unidad para asegurarnos un plato de comida, pero los
alimentos no alcanzan para todos. Hay compañeros que se desmayan porque
se quedan sin comer. No se justifica que la comida sea un asunto de
azar. Si desayunas, no almuerzas; y si almuerzas, no cenas. Es algo
inaudito por donde se mire”, manifiesta la joven de la Unidad de
Tinaquillo, estado Cojedes.
Cree que sus tres años de formación
no pasaron en vano, se lleva la sagacidad de quien ha aprendido a vivir
con lo mínimo, pero la domina también el sinsabor de la represión, del
rechazo. “Hay mucho machismo. En una ocasión mi superior me pidió que le
lamiera las botas; pensé que era una broma, pero su insistencia fue
aterradora. Por supuesto que no lo hice”, señala. Su voz quebrada delata
frustración. Fabiola no quiere regresar a la FANB, y su familia está de
acuerdo, la apoya incondicionalmente.
Las discusiones sobre la huida de
funcionarios, coinciden los jóvenes de Tinaquillo, transcurren en
silencio, en pequeños grupos de almuerzo y de tropa, que disienten en
voz baja para no levantar sospechas.
La prolongada coyuntura económica los
aflige a todos. “Aquí no hay nada que hacer, hermano. Se perdió el
respeto hacia el país y hacia la gente, hacia la FANB, que debería
garantizar el orden interno”, remata un joven que prefiere resguardar su
nombre. Entre sus quejas asoman las maniobras de oficiales que intentan
sobrevivir al margen de cualquier actividad ilícita, o del habitual
“matraqueo” de algunos efectivos.
“No todos roban, hermano, pero hay
quienes se desbocan en ese camino de supervivencia, porque eso es lo que
hacemos, sobrevivimos a un sabotaje que viene de nuestros propios
superiores. No le interesamos a nadie”, destaca.
No solo los oficiales de bajo rango
abandonan la FANB. La diáspora también ocurre en otros grados, entre
ellos tenientes, que se marchan del país en busca de bienestar. Pero a
decir verdad, la mayor desbandada se registra en las tropas
profesionales más nuevas de la GNB y el Ejército, integradas por
oficiales de bajo rango, que acaban de embarcarse en su idilio de
defender Venezuela.
Adelina González, de aproximadamente
70 años de edad, expone su drama. Cuenta que su hijo no solo se marchó
de la FANB, sino también del país. “Su mujer, que tiene nacionalidad
peruana, se enfermó de cáncer y tuvo que irse con ella para tratar de
salvarla. Anderson está en Perú y vendrá pronto para buscar a sus tres
hijos, mis nietos. Andrea se complicó porque no pudo atenderse en
Venezuela desde el primer momento”, relata con voz quebrada.
La opacidad que oculta el descontento
La presidenta de Control Ciudadano,
Rocío San Miguel, adjudica el fenómeno del aumento de solicitudes de
dimisión en la FANB al desmejoramiento de las condiciones sociales de
los oficiales y al temor sobre los escenarios bélicos y políticos en
Venezuela. “El problema está en que el gobierno ha manipulado lo que es
un derecho. Nadie está obligado a servir sin su deseo. Pero hay
oficiales que han pedido la baja y se les niega porque tienen miedo de
que salgan del país”, dice.
Explica que tanto las deserciones
como las solicitudes de baja tienen que ser adoptadas por una resolución
del Ministerio de Defensa, instrumento que dejó de ser público con el
chavismo en curso. “Son aspectos de orden público. La Fuerza Armada es
un bien de la nación y como tal debería rendirse cuenta sobre ello,
sobre quiénes forman parte de ella”, dice la experta militar, al tiempo
que denuncia la opacidad gubernamental. Señala que la última vez que se
registró un fenómeno similar fue hace más de 10 años. Pero hoy la alta
incidencia fragmenta todos los componentes. San Miguel considera que se
trata de un ápice del drama social, un espejo de la realidad del país.
La Memoria y Cuenta 2015 del
Ministerio de Defensa, la última filtrada, indica que ese año fueron
aprobados 5 proyectos de bienestar social para 5 unidades militares
de la FANB. Con una inversión de 117 millones de bolívares, tal
asignación pretendía mejorar la alimentación del personal de la
Guardia del Pueblo, pero desde entonces los recursos eran insuficientes.
Ese año el Ministerio de la Defensa destinó además 919 millones de
bolívares para la alimentación de 7.902 cadetes de la Universidad
Militar Bolivariana. Se trata del único dato grueso divulgado en ese
documento en torno a la alimentación.
El informe de gestión, además, rinde
cuenta sobre la adquisición de material de uso común para 10.950
aspirantes que ingresaron a los institutos de educación militar y para
11.097 profesionales egresados. La Memoria y Cuenta ventila una cifra
concluyente y asegura que ese año fueron adquiridos insumos de
reemplazo, como cobijas, uniformes y botas de campaña para un total de
122.000 integrantes de la FANB. La data perfila el tamaño de un cuerpo
que languidece.
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