El Mundo
9 Feb 2018 - 5:20 PM
Ellos empezaron a llegar poco a poco, en 2015, año en que el Ministerio de Justicia registró 829 peticiones de refugio procedentes de Venezuela. En 2017, ese número llegó a 17.865 solicitudes. Solo en enero de este año, la Policía Federal brasileña recibió más de 640 peticiones de asilo.
El flujo migratorio se concentra en el pueblo brasileño de Pacaraima, frontera con el pueblo venezolano de Santa Helena de Uairén. Desde ahí, los migrantes se dirigen, muchos de ellos a pie, a Boa Vista, la capital del estado brasileño de Roraima, que está a cerca de 200 kilómetros de distancia.
La capital, con 350.000 habitantes, ya acoge a 40.000 venezolanos, según los datos del Ayuntamiento. Se estima que la cifra subirá a 55.000 hasta julio. Como la ciudad no tiene plazas para todos, muchos, incluso familias con niños, se quedan en las calles y ocupan los espacios públicos, como estaciones de autobuses y las entradas de los hospitales.
“Ellos se enfrentan a una realidad muy difícil cuando llegan aquí. La mayoría está en la calle, pasando hambre. Las plazas están llenas de gente con carteles pidiendo trabajo”, cuenta a la Agencia Anadolu Wagner Moura, presidente de la ONG Fraternidad Sin Fronteras, que construyó el año pasado un centro de gestión participativa para acoger a esa comunidad, con capacidad para 100 familias.
La crisis de abastecimiento de la gestión de Nicolás Maduro es lo que les motiva a enfrentarse a las duras circunstancias de convertirse en migrantes. “La gente llega sin dinero, sin ninguna información. Salen de sus casas sin saber a dónde ir, dónde dormir… Cuando les pregunto por qué lo hacen, todos dicen lo mismo: por desesperación”, explica Alba Marina, venezolana de 27 años, que se mudó a Boa Vista en 2015 para tratar una enfermedad y que ahora es voluntaria de la ONG para ayudar a sus compatriotas. “Cuando les pregunto si algún día les gustaría volver, muchos me dicen que sí, si cambia el Gobierno”, añade.
La migración venezolana es joven —el 72% tiene entre 20 y 39 años— y de alta escolaridad (el 32%), de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Federal de Roraima (UFRR). “La acogida de esas personas no debería ser solo por motivos humanitarios sino también estratégicos para el país y para la región norte, tan carente en algunas áreas de formación”, comenta Gustavo Simões, experto en Relaciones Internacionales en la UFRR y uno de los coordinadores del estudio.
En Roraima, sin embargo, donde el sector industrial es prácticamente inexistente y la economía se basa en el servicio público, falta trabajo incluso para los locales. “Los que tienen algo de dinero, se van a buscar la vida en otras partes de Brasil. Quienes se quedan en Roraima tienen muy poco”, dice Moura.
Los migrantes venezolanos ofrecen sus servicios a precios más bajos que los brasileños, uno de los factores que propicia el surgimiento de xenofobia. “Eso es normal, yo lo entiendo. Imagínese estar en su casa y que de repente empiece a llegar mucha gente que no ha sido invitada. Es lo que ocurre aquí, pero la mayoría de los habitantes nos ayudan, tienen interés en nuestra cultura”, cuenta Angelo Chacol.
Políticas de acogida
Desbordadas y sin recursos para lidiar con la situación, las autoridades del estado de Roraima y de Boa Vista piden “socorro” al Gobierno Federal desde el año pasado, pero afirman que no han recibido la ayuda necesaria y critican que no se haya creado un plan de acción.
“Hace falta un control en la frontera. No se trata de impedir la entrada, sino de saber quién está llegando, sobre todo por una tema de salud pública. Empiezan a llegar enfermedades que ya habían sido erradicadas, como la difteria, que ya ha provocado la muerte de un niño”, afirma Teresa Surita, alcaldesa de Boa Vista.
Surita compara la situación actual con la de 2010, cuando, después del sismo que destrozó el país, cerca de 140.000 haitianos migraron a Brasil. “Ahora se trata de una crisis política internacional, es una situación inédita en nuestra diplomacia y no tenemos condiciones de gestionarla solos”, dice la alcaldesa.
A nivel estatal, el Gobierno de Roraima sostiene que solo recibió de Brasilia BRL 480.000 (cerca de 158.000 USD) el pasado agosto. El Gobierno de Michel Temer afirma, sin embargo, que envió BRL 793.000 (260.000 USD) para abrigos y 82 toneladas de alimentos, además de BRL 42,4 millones (14 millones USD) para "ampliar la capacidad de atención en salud" y la gestión de las solicitudes de refugio.
Las autoridades locales se reúnen este jueves con los ministros para plantear soluciones y proponer un plan de “interiorización”, es decir, la distribución de los migrantes por otras regiones, como Sao Paulo.
Gustavo Simões considera que la medida puede ser eficaz, desde que se haga de manera organizada y estructurada. “Muchas personas prefieren quedarse cerca de la frontera por la facilidad de llevar productos y dinero a familiares y amigos que se quedaron en Venezuela. La interiorización solo será una buena solución si es acordada con los inmigrantes, garantizando la posibilidad de retorno”, matiza.
Hasta que se llegue a una conclusión definitiva, la sociedad civil organizada seguirá cargando con gran parte de la atención y ayuda humanitaria hacia la comunidad de desplazados. “Mientras no viene el sol, nosotros, las ONG, somos una vela en la oscuridad”, dice el presidente de Fraternidad Sin Fronteras.
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