Miradas indiscretas, comentarios altisonantes, chiflas, burlas, acoso, golpes, abuso sexual, homicidios, indiferencia. Así podría definirse el día a día de muchos miembros de la comunidad Lgbti (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersex). Todo esto ante la mirada inerte de muchas de las autoridades nacionales, cuyos pronunciamientos son exiguos. Menos se encuentran las condenas a los crímenes de odio ocurridos en el país.
De acuerdo con un estudio de Transgender Europe, y publicado en la página transrespect.org, en Venezuela han sido asesinadas durante los últimos ocho años 98 personas transexuales, siendo ésta la población más vulnerable de la comunidad Lgbti, la más señalada, humillada y atacada, por ser la más visible, según los expertos. El balance se realizó a través de informaciones recopiladas por los medios y ong’s que impulsan la toleración y el respeto de todos.
Según este informe, las estadísticas nacionales reflejan una preocupante realidad, en comparación con sus vecinos geográficos. Mientras en el país se han registrado 98 homicidios desde el 2008, con una población de 30 millones de habitantes, en Colombia la cifra asciende a 105 con 50 millones de residentes. Brasil y México presentan 802 y 229 casos, con un balance poblacional de 205 millones y 119 millones, respectivamente.
Solo entre febrero y abril se registraron siete homicidios, cuatro de ellos personas transexuales vinculadas con actividades de alto riesgo, trabajo sexual. Tres de los crímenes ocurrieron en Barquisimeto, dos el mismo día, perpetrados por los mismos sujetos. Desde un auto en marcha dispararon a Karen y a Fabiola, de 33 y 24 años, dos mujeres trans que se encontraban en sus esquinas, ejerciendo la prostitución. Un mes después fue asesinada Tatiana, quien trabajaba como estilista.
Frank Sánchez, dirigente de la comunidad de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales del estado Lara, exigió a las autoridades —a través de un medio de comunicación regional— el esclarecimiento de estos casos, que no reine la impunidad. “Pedimos una investigación a los cuerpos de seguridad. No hay nada que justifique una muerte, la homosexualidad no es un motivo para matar y esto no puede quedar impune, porque muerte es muerte sin importar genero”, afirmó.
Ángel Benavides, de 27 años, fue otra de las víctimas de los crímenes de odio de este año. El hecho ocurrió en Maturín. La víctima era coordinador municipal del Movimiento de la sexodiversidad y miembro del partido Socialista Unido de Venezuela. Las autoridades investigan el móvil de su homicidio.
Otro estudio que aborda la situación de Venezuela, en relación con este tema, fue el realizado por la Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi), entre mayo de 2013 a mayo de 2015. Según el análisis durante ese período se registraron 29 homicidios dirigidos contra la comunidad sexodiversa. El informe, titulado Crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, señala que del 100% de los casos reseñados “las personas trans siguen siendo más afectadas por los asesinatos con un 65,5% de los casos”.
Asimismo dejó constancia que la mayoría de las víctimas (62%) eran jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 35 años. En los dos años de referencia se registraron homicidios en 13 estados del país. Las entidades donde se produjeron el mayor número de crímenes contra miembros de la comunidad Lgbti fueron Zulia con 12, seguido por Distrito Capital con cuatro y Miranda y Aragua con dos. Nueve estados restantes presentaron un solo crimen.
Los representantes de Accsi también determinaron que en el 44,8% de los casos las víctimas murieron por uso de armas de fuego, seguido por arma blanca en el 10,3% y 6,9% por golpizas y usos de objetos contundentes.
Ante esta realidad, los miembros de la comunidad Lgbti exigen respeto, investigaciones serias y un tratamiento acorde a la dignidad humana. La diputada transexual Tamara Adrián y el director de la Asociación civil Venezuela diversa coinciden en la necesidad de realizar un monitoreo en los casos de violencia contra miembros de la comunidad. Para ellos es primordial que los organismos de investigación diferencien por género a las víctimas, respetando la identidad asumida por cada uno, para así tener cifras oficiales, reales, que permitan ejecutar políticas públicas en torno a este flagelo.
“En nuestra legislación no está considerado como un agravante los crímenes de odio. Cada vez que abren una investigación de esta índole la tipifican como un crimen pasional, crimen por ensañamiento, por venganza o algo tan simple o tan fácil como un ajuste de cuentas... Cuando asesinan a una mujer trans que ejerce trabajo sexual tienden a justificar sus muertes al señalar que son drogadictas y peligrosas para la sociedad”, explica Yonatan Matheus, director de la asociación civil y profesor de la Universidad de la Seguridad en materia de derechos humanos.
El especialista enumera con nombres y ciudades los distintos hechos que desnudan la intolerancia que se vive. Exige dinámicas que permitan visibilizar el grave problema que afronta el país en este sentido. Por tal motivo, considera importante que se lleve un registro detallado de los motivos que originan la muerte de las personas sexodiversas, para de esta manera “evidenciar que este tipo de práctica es sistemática y legislar en torno a esto”.
Asimismo, Matheus pide mayor compromiso de parte de otras organizaciones promotoras de los derechos humanos de la colectividad Lgbti, en busca de presionar para la creación de una ley contra los crímenes de odio. Considera que temas como el matrimonio igualitario, el reconocimiento a la identidad de género son importantes, pero —a su parecer— esta situación es primordial.
El activista rechaza la indiferencia de los organismos de seguridad del Estado. Recuerda que en el 2010 la entonces Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, prometió la creación de una defensoría especial y todavía la están esperando. Entre las excusas para la demora se encuentra la falta de presupuesto, la falta de personal. Con el actual Defensor, Tarek William Saab, no han tenido contactos, a pesar que ha sostenido reuniones con diversas comunidades de la sociedad civil. Hasta el momento de él solo han obtenido un bloqueo en la red social tuiter.
Ante los hechos cotidianos que enfrentan las personas Lgbti “no existe Cicpc, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo”, se lamenta el profesor de la Unes, quien asegura que la impunidad reina en cada denuncia de agresión u homicidio.
Por su parte, Tamara Adrián, diputada por el partido Voluntad Popular, hace votos para que el Estado reconozca los principios fundamentales a las personas sexodiversas, abriéndole con ello importantes espacios en la sociedad, permitiéndoles optar a trabajos más dignos, seguros, que les permita crecer como personas y disfrutar de su diversidad sin correr riesgos por ello.
“Al desconocerse el derecho a la identidad se impide el acceso a un trabajo digno y, en consecuencia, se producen los crímenes de odio. Sobretodo las personas transexuales están confinadas a situaciones de vulnerabilidad social y legal, que los expone a situaciones de riesgo. De acuerdo con mapeos sociales, el 90% de las personas trans realizan trabajos de prostitución en las calles. Al consultárseles si estarían dispuestas a cambiar de oficio, el 90% dijo que sí, lo que demuestra que están sometidas a la prostitución forzosa”, explica Adrián.
Para la asambleísta “la intolerancia es como el racismo se vence primero con igualdad ante la ley, después con cambios sociales”.
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