A través de pruebas de ADN serán identificados los cadáveres de las 12 víctimas que dejó la masacre de Barlovento, debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraban los cadáveres localizados entre viernes y sábado en una zona montañosa de Caucagua.
Los hombres que
permanecían desaparecidos murieron el pasado 16 de octubre durante una
OLP organizada por el Ejército en el municipio Acevedo del estado
Miranda.Los familiares de las víctimas fueron trasladados este domingo por efectivos militares hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses con el objetivo de realizar las pruebas de ADN que permitan confirmar la identidad de los fallecidos.
Los familiares llegaron a Caracas en un autobús desde Caucagua, escoltado por militares y fueron prácticamente aislados de la prensa al llevarlos hasta el auditorio del Senamecf, centro al que acudió gran cantidad de militares y representantes de la Fiscalía con quienes se reunieron en privado.
"Sólo quiero justicia"
Sin embargo, mientras la reunión se celebraba algunos familiares permanecieron en las afueras. Conversamos con Javier Mejías, hermano de Yorfran Vicente Mejías.
Mejías señaló que lo único que esperaba era que se hiciera justicia por el asesinato. "Mi hermano no tenía problemas de ningún tipo ni antecedentes. El 16 de octubre estaba recogiendo frijoles en Yaguapa junto a otro hermano que está en silla de ruedas cuando llegaron los militares. Lo obligaron a acompañarlos al decirle que tenían una orden presidencial, él les pedía que no se lo llevaran, que no había hecho nada malo, pero se lo llevaron y no lo vimos más nunca".
Agregó que a los detenidos los condujeron hasta una quinta abandonada, donde durante tres días les llevaron comida, "luego nos dijeron que los habían liberado, o que los habían trasladado a otro lugar y así nos mantuvieron en la incertidumbre por varias semanas".
Mary Isabel Silva, madre de uno de los fallecidos, denunció a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, que su hijo Carlos Gabriel Marchena Silva (20) fue detenido y trasladado a un comando militar ubicado en El Café, donde luego informaron que no estaba. Relata que el 18 de octubre los funcionarios le indicaron que los detenidos habían sido trasladados al Fuerte Chaguaramal, en Cúpira, pero al pedir información les dijeron que tampoco se encontraban en el lugar. El joven no apareció hasta que su cadáver fue localizado el fin de semana.
Lo mismo indicaron los familiares de Antony Vargas, detenido en la calle Las Clavellinas en Capaya, "estaba frente a la casa cuando llegaron unos militares y se los llevaron, no supimos más nada de él".
Reacciones oficiales
Una vez se conoció la localización de los cuerpos los ministerios de Interior Justicia y Paz, y el de Defensa emitieron comunicados en los que condenan la masacre.
El presidente de la República ordenó la degradación y expulsión de la FANB de los culpables.
El ministro de Defensa Vladimir Padrino López dijo que esos hechos "atentan contra el ordenamiento jurídico nacional y militar".
Mientras que el ministro de Interiores Néstor Reverol ordenó las acciones que sean necesarias para "aplicar el máximo castigo a los funcionarios".
Castigo ejemplar
Voceros de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización que acompañó a los familiares de las víctimas a
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